El Ayuntamiento impulsa una ordenanza para conseguir que grandes tenedores y pequeños propietarios pongan a alquilar pisos vacíos

La Mesa por el Derecho a la Vivienda donde están representadas asociaciones y entidades de la ciudad así como los grupos políticos y la PAH se ha reunido este miércoles y ha consensuado el texto de la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento sobre verificación de viviendas vacías de Rubí. "Esta ordenanza es un paso más en la voluntad de este gobierno municipal de dar un paso adelante para garantizar el derecho al acceso a la vivienda y su función social", aseguró la concejala del Área de Servicios a las Personas, Marta García, que aseguró que el principal objetivo del texto es "detectar la existencia de viviendas vacías y conseguir su movilización en el mercado colaborando con los propietarios de viviendas".

"En caso de que el piso esté vacío sin causa justificada, podremos sancionar económicamente a los grandes tenedores", ha avisado García, que ha querido dejar muy claro que "la sanción a los pequeños propietarios siempre será la última de las opciones" y que desde el consistorio se trabajará para facilitar que los propietarios privados pongan a alquilar las viviendas a fin de cubrir las necesidades que tienen muchos rubinenses. "En Rubí queremos que ninguna familia se quede sin un lugar para vivir", ha manifestado García, que ha recordado que en la ciudad, desgraciadamente, todavía hay familias vulnerables socioeconómicamente que tienen necesidad de una vivienda digna, familias que han sido objeto de desahucios y familias que a pesar de tener ingresos no pueden acceder a los precios del mercado de alquiler. "No les podemos dejar sin respuesta desde la administración pública", aseguró.

"Por todo ello necesitamos esta ordenanza: para garantizar que ningún rubinense no tiene un lugar para vivir", ha dicho la concejala, que ha explicado que el texto está inspirado en la normativa aprobada por ayuntamientos como el de Sabadell o el de Mataró. Según el acuerdo político cuando se constituyó la Mesa por el Derecho a la Vivienda, el pleno deberá debatir y aprobar el texto consensuado en el marco de este órgano. Durante la reunión, además, se ha reclamado que se incorpore al texto que la inspección de los edificios la puedan hacer no sólo el cuerpo de policía local sino cualquier funcionario porque tiene el principio de veracidad.

La ordenanza será un paso más que lleva a cabo el Ayuntamiento tras aumentar el 50% del IBI a propietarios de viviendas vacías en las ordenanzas fiscales del 2017, hizo llegar una carta a las personas propietarias de pisos vacíos para reclamarles que cedan su vivienda para ampliar el parque público de vivienda, y después de impulsar la campaña que se está llevando a cabo actualmente desde la Oficina Local de vivienda. "Tal como nos han pedido las entidades, los grupos políticos y siguiendo nuestro plan de mandato municipal, estamos buscando todas las fórmulas posibles para tener un parque de vivienda social en Rubí", ha asegurado la concejala.

Convenio con SOREA
Por otra parte, durante la reunión de este jueves, además, la concejala también ha explicado el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y SOREA que tiene por objetivo evitar los cortes de suministro a todas aquellas personas y familias que sufren pobreza energética y se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica o riesgo de exclusión social. En el marco de este acuerdo, la compañía de abastecimiento de agua ya se comprometió a crear un fondo de solidaridad destinado a la concesión de ayudas a aquellos usuarios que tengan dificultades para pagar sus recibos.

Reglamento de la Mesa
Igualmente, durante la reunión de este miércoles, se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de la Mesa por el derecho a la vivienda, que contempla que las reuniones ordinarias serán 4 cada año, y el establecimiento de un grupo de trabajo cada semestre para tratar temas concretos.

Finalmente, también se ha acordado que se abordaría la cuestión de las ocupaciones de viviendas y los conflictos derivados como los suministros, los conflictos con los vecinos o con los empadronamientos.