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Los defensores locales reclaman medidas urgentes para hacer frente al grave problema de la pérdida de la vivienda En su reunión anual, los defensores locales han puesto de manifiesto que se puede producir una importante fractura social. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Los defensores locales reclaman medidas urgentes para hacer frente al grave problema de la pérdida de la vivienda

En su reunión anual, los defensores locales han puesto de manifiesto que se puede producir una importante fractura social.
Los síndicos locales han reclamado a los poderes municipales, los gobiernos autonómicos y al Estado, medidas paliativas y legislativas urgentes para hacer frente al creciente y grave problema de la pérdida de la vivienda habitual ante la imposibilidad de pagar los créditos hipotecarios y alquileres. Según los setenta defensores y técnicos, entre los cuales ha estado la Síndica de Greuges del Ayuntamiento de Rubí, María Palau, que han participado en el V Encuentro Estatal de Defensores Locales, para tratar el papel de estos entes locales en tiempo de crisis, 'si no se corrige de forma inmediata esta situación, que afecta cada vez más gente, puede producirse una fractura social de costes humanos y económicos insoportables'.

Cuando una persona pierde su vivienda, la Administración municipal tiene la obligación de facilitarle un alojamiento provisional o de urgencia. Por tanto, son los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y el Estado, quienes deben actuar y facilitar el derecho a la vivienda. Los poderes locales no pueden ser ajenos al deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos, la pérdida de un derecho básico y la alteración de la paz social, según las conclusiones a las que han llegado los síndicos locales.

Los defensores creen que se hace muy necesario 'introducir, con celeridad, nuevas propuestas legislativas que vayan más allá de los actuales planes de reestructuración hipotecaria para afrontar esta grave problemática, y adecuar las leyes a la nueva realidad social para priorizar y hacer posible el derecho a una vivienda digna'. Las previsiones recogidas en el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, que hace referencia a la dación en pago, sólo pueden aplicarse a una pequeña parte de los afectados, los que se encuentran en situación de exclusión social, y siempre que haya voluntad por parte de los acreedores.

Las Defensorías locales proponen también, los ayuntamientos, crear mecanismos de mediación, o bien facilitar a los afectados acceso a los que ya puedan existir, con el objetivo de encontrar soluciones concretas, especialmente en cuanto a la dación en pago, y sin olvidar nunca que el alojamiento es un deber público ineludible.

En el transcurso de las jornadas, los síndicos locales también decidieron priorizar las actuaciones de oficio para defender los colectivos más vulnerables y luchar contra la pobreza y la exclusión social, ya que se trata de un perfil de población invisible. A partir de situaciones concretas, estas intervenciones pueden servir para estudiar a fondo un tema y hacer llegar recomendaciones a la Administración.

El encuentro ha servido también para poner en evidencia que muchas de las quejas que reciben los síndicos superan las competencias municipales. De todos modos, los defensores oirán, las recogerán y trasladarán a sus respectivos ayuntamientos para que las hagan llegar a las administraciones competentes.

La disminución de ingresos y la reducción de las aportaciones previstas por los gobiernos autonómicos en determinados servicios ha disminuido la capacidad de los ayuntamientos para afrontar las consecuencias de la crisis en las familias y personas. Algunos consistorios, como el de Barcelona, ​​han decidido hacer frente a la situación, con partidas presupuestarias extraordinarias, como las becas comedor.

De todos modos, los defensores creen que se trata de medidas insuficientes dada la gravedad y la duración de la crisis. Opinan que hay que atender, con carácter prioritario, las personas más necesitadas y, a corto plazo, hacer un giro en la gestión de los presupuestos públicos a favor de las personas y de los servicios básicos del estado del bienestar.