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La alcaldesa de Rubí expone en el Parlamento de Cataluña la opinión de la Federación de Municipios sobre las consultas populares Carme Garcia es la presidenta de la Comisión de Participación y Democracia Local de la FMC. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

La alcaldesa de Rubí expone en el Parlamento de Cataluña la opinión de la Federación de Municipios sobre las consultas populares

Carme Garcia es la presidenta de la Comisión de Participación y Democracia Local de la FMC.
La alcaldesa de Rubí, Carme García, ha expuesto en el Parlamento de Cataluña cuál es la posición de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) respecto a la Proposición de Ley de Consultas Populares no referendarias y participación ciudadana. Carme Garcia preside la Comisión de Participación y Democracia Local de este ente supramunicipal.

En relación a esta propuesta para regular las consultas populares, Garcia ha expuesto que 'las administraciones locales hace más de 20 años que trabajan aspectos relacionados con la participación a través de los reglamentos, los consejos o los foros, entre otros', como se expone en el artículo 2 de la propuesta de ley, por lo que 'esta iniciativa es una buena propuesta para los ayuntamientos', aunque no haya tanta tradición en las consultas no referendarias con votación.

Pero, según la alcaldesa, debería fortalecerse la coordinación entre esta propuesta de ley y la nueva Ley de Gobiernos Locales, aprobada el pasado 15 de julio y que ahora iniciará el trámite parlamentario, ya que hay alguna ambigüedad en cuanto al derecho de consulta popular en los artículos relacionados con los derechos de iniciativa y petición. Carme García cree que la Ley de Gobiernos Locales debe 'desarrollar más este derecho de las consultas populares que ya se encuentra reconocido en el Estatuto de Cataluña'.

En cuanto a la autonomía local, la alcaldesa cree que se deberían mejorar algunos aspectos relacionados como la financiación para desarrollar las consultas, definir si es necesario el informe previo que evalúe la legalidad de las consultas y la limitación en el tiempo de los temas a someter a consultas. En este último caso, García ha propuesto que para los gobiernos locales la limitación sobre una misma iniciativa sea de cuatro años, o de dos si se trata de mandatos diferentes, y que se limite el número de consultas populares en un año 'por los costes económicos y los recursos humanos que deberían destinarse para su realización'.

Por último, Carme García ha pedido que las consultas populares con votación sean un derecho ciudadano dentro de la Ley de Gobiernos Locales y que la Ley de Consultas Populares establezca un marco que regule este derecho, que los ayuntamientos deberían poder desarrollar en sus reglamentos de participación para garantizar la autonomía de los municipios.