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El Ayuntamiento se adhiere a un protocolo que quiere evitar situaciones de riesgo social en los casos de desahucios El protocolo obliga a los jueces a dirigirse a los Servicios Sociales del municipio si los afectados están en situación de vulnerabilidad social https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ayuntamiento se adhiere a un protocolo que quiere evitar situaciones de riesgo social en los casos de desahucios

El protocolo obliga a los jueces a dirigirse a los Servicios Sociales del municipio si los afectados están en situación de vulnerabilidad social
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento de Rubí al Protocolo de ejecución de las diligencias de lanzamiento a los partidos judiciales de Cataluña, que tiene como objetivo coordinar la acción de las instituciones firmantes para ayudar y mejorar la situación de aquellas personas o familias en riesgo social pendientes de un procedimiento de desahucio, ejecución hipotecaria o similar. El protocolo fue suscrito en primera instancia por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Generalitat de Catalunya, las cuatro diputaciones provinciales, el Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya, el Consell dels Col·legis de Procuradors dels tribunals de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya. Desde su firma, se han adherido varios ayuntamientos, entre ellos el de Rubí.

El acuerdo pretende dar respuesta al aumento de procedimientos de lanzamiento de la vivienda como consecuencia de la crisis económica y a la situación de vulnerabilidad que sufren muchas de las personas afectadas. El protocolo tiene como finalidad poner en contacto con la mayor celeridad posible a los ciudadanos con los servicios municipales con el objetivo de que estos últimos conozcan su caso y puedan facilitarles el acceso al catálogo de servicios, contactos y posibilidades de acción que haya en cada momento, así como evitar riesgos y proporcionar garantías a las comisiones judiciales. De esta manera, cuando un juez conozca una situación de riesgo en un procedimiento de lanzamiento y haya recibido el consentimiento de la persona demandada, deberá dirigirse a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para que evalúen el caso y emitan un informe en un plazo máximo de 15 días. Todo ello con el objetivo de garantizar un auxilio rápido de los afectados.

A efectos de este protocolo, se reconocen como situaciones de vulnerabilidad social las recogidas en la Ley 12/2007 de Servicios Sociales y en la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, además de otros supuestos que, aunque no suponen en sí mismos una condición de vulnerabilidad, plantean problemas susceptibles de ser considerados como factores de riesgo social .

Un trabajo que ya se está haciendo

El protocolo firmado por las diferentes administraciones catalanas pone negro sobre blanco un trabajo que, en buena parte, ya se está haciendo. En Rubí, las diferentes áreas del Ayuntamiento ya trabajan con la máxima coordinación para atender con rapidez a los afectados. El municipio fue el segundo del país en abrir, en marzo de 2012, un Servicio de Intermediación de Afectados por las Hipotecas (SIAH) que está en permanente contacto con los Servicios Sociales del consistorio. Desde que se puso en marcha, la oficina situada en las dependencias de PROURSA ya ha atendido a más de 430 personas, que han podido recibir asesoramiento personalizado por parte de un abogado especializado en la materia.

Por otra parte, el Ayuntamiento constituyó también en marzo de 2012 la Mesa especial de desahucios, presidida por la alcaldesa, Carme García Lores, e integrada por responsables de las áreas de Habitatge y Serveis Socials, representantes del pleno, y miembros de las plataformas de afectados y de organizaciones sociales. Este órgano de participación tiene como finalidad el análisis, discusión y seguimiento de las actuaciones relacionadas con la problemática del impago de créditos hipotecarios. En la última reunión de la mesa, que tuvo lugar el pasado mes de octubre, se dio a conocer que, este 2013, los Servicios Sociales del Ayuntamiento han destinado 128.423,73 euros a ayudas económicas para hacer frente a diferentes problemáticas relacionadas con la vivienda. Una parte importante de este dinero, 86.509,28 euros, han servido para pagar alquileres atrasados, pero también se han concedido ayudas para costear suministros básicos o para alojamientos temporales.