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El Ayuntamiento reconvierte los pisos de protección oficial en viviendas sociales Los inquilinos asumen una renta de alquiler que no supera el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ayuntamiento reconvierte los pisos de protección oficial en viviendas sociales

Los inquilinos asumen una renta de alquiler que no supera el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia
El Ayuntamiento de Rubí da un paso más para abordar la problemática de la vivienda en la ciudad. El Consistorio ha decidido reconvertir los 83 pisos de protección oficial gestionados por la Oficina Local d’Habitatge en viviendas sociales. A medida que estos pisos se vayan vaciando, ya sea porque finalicen los contratos de alquiler suscritos o porque los inquilinos dejen el piso que les fue asignado por sorteo, estas viviendas pasarán a ser ocupadas por rubinenses con necesidades sociales. También se puede dar el caso de que, como consecuencia de una variación de las circunstancias económicas de la familia, se les reconvierta el contrato de alquiler de protección oficial en uno de vivienda social.

El objetivo de las viviendas de protección oficial ha sido favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas pudieran alquilar pisos dignos a unos precios más asequibles que en el mercado libre. Ante la grave situación de muchas familias del municipio, que acuden a los Servicios Sociales y a la Oficina Local d’Habitatge con una gran problemática de acceso a la vivienda y en riesgo de exclusión social, así como la dificultad de muchos inquilinos para hacer frente a las cuotas de alquiler, el Ayuntamiento ha replanteado el parque de protección oficial del municipio.

Hasta ahora, en la ciudad había un total de 63 viviendas sociales y 3 pisos de emergencia, además de los 83 de protección oficial. Desde principios de año un total de 24 pisos de protección oficial se han reconvertido en viviendas sociales y se han hecho nuevos contratos en 6 pisos sociales más. Así, actualmente hay un centenar de viviendas sociales vigentes, una cifra que irá aumentando a medida que el resto de viviendas de protección oficial queden vacías y puedan ser reocupadas.

Para hacer viable esta reconversión, se ha aprobado una partida presupuestaria en el marco del Plan de medidas anticrisis 2014, gestionada por los Servicios Sociales. El objetivo de esta medida es poder proporcionar una vivienda digna al sector de población que no puede acceder a una vivienda en el mercado privado, de protección oficial ni de la Xarxa de mediació.

El inquilino asume una renta de alquiler que no supera el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. La adjudicación de viviendas sociales se hace de acuerdo con unos baremos de puntuación, que valoran los ingresos de la unidad familiar (de 0 a 8 puntos), la estructura familiar (de 0,5 a 3 puntos), el apoyo familiar de que dispone la familia (de 0 a 2 puntos), las necesidades de vivienda (de 1 a 5 puntos), la situación de salud de los miembros de la familia (de 0 a 5 puntos) y el plan de trabajo que se establece con los Servicios Sociales (de 1 a 4 puntos).

Paralelamente, además de esta ayuda para poder pagar un alquiler asumible según los ingresos de cada familia, los Servicios Sociales tienen estructuradas toda una serie de medidas de apoyo a la ciudadanía para atender situaciones de urgencia, mantener y/o facilitar el acceso a la vivienda y ayudar a mantener los suministros básicos.

Durante el año 2013, la Oficina Local d’Habitatge atendió 24.450 consultas presenciales y telefónicas relacionadas con la vivienda, lo que supone un importante incremento respecto al año 2008, cuando la cifra se situó en torno a las 8.000.

Reunión de la Mesa especial de desahucios
Esta información se ha dado a conocer en el marco de la Mesa especial de desahucios, celebrada este jueves. Durante la reunión también se ha explicado a los representantes de las diversas entidades sociales que han asistido al encuentro que el Ayuntamiento ya ha iniciado las inspecciones para detectar los pisos propiedad de entidades financieras que hace más de dos años que están vacíos. Recordemos que, a principios de año, la alcaldesa Carme García envió una carta a cerca de una veintena de entidades bancarias para instarlas a poner en alquiler sus pisos vacíos y anunciarles su intención de sancionar a aquellas que no lo hicieran.

Durante la Mesa especial de desahucios también se ha explicado a los asistentes que el Ayuntamiento está trabajando intensamente con SOREA, la empresa que suministra el agua en la ciudad, a fin de encontrar soluciones a los cortes de suministro causados por la imposibilidad de pagar los recibos.