Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Los municipios del Arco Metropolitano piden a los grupos del Congreso el apoyo a la futura Ley de Justicia para que se pueda desalojar una ocupación en 48 horas Los alcaldes y alcaldesas reclaman la necesidad de modificar el Código Penal para endurecer las penas de prisión por ocupaciones conflictivas https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Los municipios del Arco Metropolitano piden a los grupos del Congreso el apoyo a la futura Ley de Justicia para que se pueda desalojar una ocupación en 48 horas

Los alcaldes y alcaldesas reclaman la necesidad de modificar el Código Penal para endurecer las penas de prisión por ocupaciones conflictivas

Congreso de los Diputados (foto: Ayuntamiento de Rubí).
Congreso de los Diputados (foto: Ayuntamiento de Rubí)

Alcaldes de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano se han reunido este miércoles con representantes de grupos parlamentarios del Congreso para pedirles que apoyen la propuesta que se debatirá este mes y que permitiría agilizar los trámites para que se puedan hacer desalojos de ocupaciones conflictivas en sólo 48 horas. Ésta es una de las cuestiones que se debatirá en el marco de la discusión de la futura Ley de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia y de Eficiencia Procesal del Servicio Público, que de salir adelante podría agilizar los trámites procesales en delitos de ocupaciones.

Justamente antes de discutirse la ley, los alcaldes y alcaldesas del Arco han querido explicar personalmente a representantes de los grupos parlamentarios los problemas que suponen las ocupaciones conflictivas y la necesidad de que se agilice el procedimiento de los desalojos. Por eso han pedido a diputados y diputadas de las diferentes formaciones el apoyo a la reforma normativa. Aparte de contemplar el desalojo en 48 horas, los alcaldes piden que con la modificación de la ley se incrementen las penas de prisión y se introduzca un agravante en los casos que haya ánimo de lucro. También que se dé cobertura a las actuaciones policiales y clarificar la tipificación de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de la propiedad.

Los alcaldes y alcaldesas del Arco consideran que las ocupaciones conflictivas son una problemática a abordar urgentemente, ya que, según una primera aproximación, el conjunto de los municipios que conforman el Arco Metropolitano sumarían más de 4.400 viviendas ocupadas.

En los encuentros de este miércoles, la presidenta del Arco y alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés Falgueras; el vicepresidente de la entidad municipalista y alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa Comas; y el secretario del Arco y alcalde de Mataró, David Bote Paz, se han reunido con representantes del PSOE, Unidas Podemos-En Común Podemos-Galicia en Común, Partido Popular, Grupo parlamentario Partit Republicà, Junts per Catalunya, Ciudadanos, PNV y el Grupo Mixto.

La presidenta del Arco y la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés Falgueras, ha explicado que estas reuniones "se enmarcan en el conjunto de contactos que estamos manteniendo con diferentes ámbitos y niveles de la administración para poner el tema de las ocupaciones como prioridad en todas las agendas. Tenemos un problema, con situaciones que se eternizan y los tiempos son demasiado dilatados. Es necesario poner soluciones. Por eso, quiero agradecer a los representantes del Congreso que nos hayan recibido para avanzar en la colaboración en un ámbito donde los municipios hasta ahora nos hemos encontrado bastantes solos".

El vicepresidente y alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa Comas, ha hecho hincapié en "la necesidad de modificar el Código Penal para endurecer las penas de prisión por ocupaciones conflictivas, que ahora es sólo de entre 3 y 6 meses, porque en algunos casos hablamos de grupos delictivos que se están aprovechando de la desesperación de otras personas para lucrarse. Es un problema real que tenemos en nuestras ciudades y pedimos la implicación de todas las administraciones para dar respuesta".

De la misma manera se ha expresado la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez Martínez: "Aunque no hemos podido estar presentes en el encuentro, el Arco, del que somos miembros fundadores, tiene todo nuestro apoyo por lo que se refiere a esta reclamación. Es una necesidad que tenemos todos los municipios, que vemos cómo se producen ocupaciones conflictivas sobre las que no se puede actuar. Necesitamos que se agilice el procedimiento de los desalojos".

Cataluña es la Comunidad Autónoma con más ocupaciones ilegales de viviendas. Según datos del Ministerio del Interior, el territorio catalán suma el 42% del total de ocupaciones del Estado y, de ellos, un 74% se concentran en la provincia de Barcelona.

También durante los encuentros de este miércoles se ha pedido a los representantes del Congreso apoyo para que el Consejo General del Poder Judicial cree juzgados especiales para los delitos de ocupación en las demarcaciones en las que se acumulan más casos y la creación de la figura del Fiscal especializado, que puede depender del de delincuencia organizada o del delitos económicos.

Objetivos de Desarrollo sostenible