Cumbre de la calidad del aire (foto: Generalitat de Cataluña)

El Ayuntamiento de Rubí suscribe el Acuerdo para la mejora de la calidad del aire en Cataluña

Entre otros, se ha acordado que se ampliarán las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todos los municipios de más de 20.000 habitantes antes de finalizar el año 2025

El Gobierno catalán, representantes de municipios de más de 20.000 habitantes ─entre ellos el concejal de Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Rubí, Rafael Güeto Ortiz; y el de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Bienestar Animal, Andrés Medrano Muñoz─, las diputaciones, entidades municipalistas, gestores de infraestructuras y los principales agentes sociales y económicos de toda Cataluña han suscrito este viernes el Acuerdo para la mejora de la calidad del aire en Cataluña. Impulsado por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, el acuerdo recoge el testimonio de las dos cumbres anteriores celebradas en los años 2017 y 2019, ampliando el ámbito territorial en toda Cataluña.

El documento conformará la hoja de ruta para la mejora de la calidad del aire en el país, incorporándose como principio rector del nuevo Plan de mejora de la calidad del aire de Cataluña.

 

Extender las ZBE

De acuerdo con la normativa estatal, los municipios de más de 50.000 habitantes deben establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una obligación que también aplica a los municipios de más de 20.000 habitantes donde se superan los valores límite de calidad del aire regulados. Este viernes, las partes firmantes han acordado dar un paso adelante y asumir el compromiso de trabajar para implementar ZBE en todos los municipios catalanes de más de 20.000 habitantes antes de terminar el año 2025, con un modelo general común adaptable a las diferentes realidades territoriales, sociales y ambientales de los municipios.

En concreto, antes de terminar el primer semestre del año 2023 se definirá el ámbito de aplicación de las ZBE para los municipios de más de 50.000 habitantes. Rubí lleva ya tiempo trabajando en este sentido. Para el resto, será antes de que finalice el primer semestre del año 2024. Seguidamente, se establecerá y se dará a conocer el cronograma de implementación previsto, que podrá ser gradual, contemplando en un primer estadio las situaciones de episodio ambiental de contaminación atmosférica, y previendo períodos específicos y transitorios de adaptación a las restricciones. También se definirán medidas complementarias, características, gestión y comunicación de las ZBE.

En este sentido, el Gobierno catalán ha anunciado que se abrirán líneas de ayudas por un importe total de 6 millones de euros hasta el año 2025, para apoyar a los municipios en la definición del proyecto y la ejecución de las Zonas de Bajas Emisiones. Estas ayudas provendrán del Fondo Climático, que se nutre con la mitad de los ingresos obtenidos con el impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica.

 

Reducir un 15% las emisiones

Los firmantes se han comprometido a reducir, como mínimo, un 15% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión (PM) generadas en el año 2025, tomando como referencia el año 2019. Para hacerlo posible, llevarán a cabo las acciones estructurales necesarias para acelerar la mejora de la calidad del aire y tender, progresivamente, a alcanzar los niveles que recomienda la OMS. Además, darán continuidad a las estrategias coordinadas de información, sensibilización y educación ambiental para implicar a la ciudadanía y a la industria para que se conviertan en un agente activo y comprometido en la modificación de los hábitos que tienen incidencia en la calidad del aire y en su salud, apoyarán la investigación para el conocimiento de las causas y el comportamiento de la contaminación atmosférica en Cataluña, así como su impacto sobre la salud, y adecuarán las planificaciones y normativas al acuerdo.

 

Marco común en episodios de contaminación

El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural también se ha comprometido a revisar, antes de finales de 2023, el Protocolo de actuación frente a episodios ambientales de contaminación, actualmente vigente en la Zona de Protección Especial del Ambiente Atmosférico de la conurbación de Barcelona, para extender su aplicación a todo el territorio catalán, y para unificar la gestión de todos los contaminantes atmosféricos en caso de altos niveles de contaminación.

Además, regulará una mejora continua de las herramientas de evaluación de la calidad del aire, renovando y ampliando un 5% los medidores de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica (XVPCA) para disponer de mayor conocimiento sobre los niveles de calidad del aire en Cataluña.

 

Creación de la Mesa de Calidad del Aire de Cataluña

Para hacer efectivos los compromisos, las partes han acordado diversos ámbitos de acción, que se regularán en un marco de trabajo común consensuado a través de la Mesa de Calidad del Aire de Cataluña. Este espacio de gobernanza y debate incluirá a todos los agentes que se han adherido al acuerdo y otros que se considere conveniente, sin eliminar el resto de Mesas existentes que abordan singularidades concretas del territorio.

La Mesa de Calidad del Aire de Cataluña facilitará la adopción y la coordinación de las acciones que deben aplicarse para mejorar progresivamente la calidad del aire, como posibles mecanismos de fiscalidad ambiental, instrumentos y plataformas de información y comunicación compartidas, o la aplicabilidad de medidas conjuntas.

 

Movilidad sostenible, saludable y segura

El transporte terrestre, a todos los efectos, aporta más del 80% de los óxidos de nitrógeno (NOx) que están presentes en áreas urbanas. Además este contaminante es un precursor necesario para la formación del ozono troposférico (O3), contaminante secundario que se detecta en las zonas rurales del país. Por eso es necesario acelerar la planificación de la movilidad sostenible, la territorial y la urbanística, como herramienta preventiva, potenciar los modos de movilidad saludable y el transporte público colectivo, racionalizar el uso del vehículo privado motorizado, fomentar la renovación del parque de vehículos, y coordinar la distribución de mercancías.

Se establecerán medidas como la promoción de una velocidad máxima de 30 km/h en zonas urbanas donde convivan de forma habitual en un mismo espacio las personas y los vehículos; implementar sistemas de gestión de velocidad variable en ámbitos interurbanos y accesos a grandes ciudades, así como sistemas de señalización inteligente en tiempo real; o limitar la velocidad de circulación a 80 km/h en episodios de contaminación en aquellas vías que dispongan de gestión de velocidad variable.

 

Optimizar los biocombustibles

En un plazo de dos años habrá que estudiar y, en su caso, desarrollar instrumentos normativos, para garantizar la adecuada combustión de los biocombustibles sólidos, como la biomasa. Se garantizará que las administraciones públicas utilicen biocombustibles sólidos certificados de calidad.

En aquellas zonas con altos niveles de contaminación por partículas, y en relación a la quema de restos vegetales, se incentivarán otras prácticas que supongan un menor impacto en la calidad del aire. En situaciones de estabilidad atmosférica, se preverá la posibilidad de suspender las cremas. También se buscarán mecanismos para favorecer la incorporación de buenas prácticas en el sector doméstico o particular, definiendo una estrategia común entre todas las administraciones para conseguir convertir los hogares abiertos en vallados.

 

Corresponsabilización e implicación

Los agentes sociales y económicos que han participado en el acuerdo se han comprometido a promover acuerdos voluntarios con los sectores industriales y logísticos para intensificar la mejora ambiental continúa más allá de los requerimientos normativos que deban cumplirse, optimizar los planes de vigilancia de la calidad del aire, promover la redacción e implementación de Planes de Desplazamiento de Empresa (PDE) que incluyan medidas que prioricen la reducción de emisiones de contaminantes, y trabajar para favorecer unos patrones de movilidad más sostenibles en los centros de actividad que son generadores de movilidad laboral.

Adicionalmente, el Gobierno de la Generalitat se ha comprometido a trabajar para posibilitar la aprobación de la Ley de Calidad Atmosférica durante esta legislatura.