La alcaldesa celebra la sentencia que obliga a la Generalitat a pagar la deuda contraída con el Ayuntamiento por la financiación de las guarderías
Ana María Martínez denuncia los perjuicios que han supuesto los recortes del Gobierno catalán en ámbitos como la educación, la sanidad y la atención a la diversidad
La alcaldesa, Ana María Martínez, acompañada de la concejala del Área de Servicios a las Personas, Marta García, ha comparecido este miércoles para valorar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a la Generalitat a pagar al Ayuntamiento de Rubí el dinero no percibido por la financiación de las guarderías municipales durante los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. La resolución judicial es fruto de un recurso contencioso administrativo interpuesto por una treintena de municipios afectados por la misma situación.
La primera edil ha celebrado que los tribunales hayan dado la razón a los ayuntamientos en un asunto que ha puesto en riesgo el modelo educativo de 0 a 3 años: "Con la excusa de la crisis económica se empezó a privatizar servicios públicos como la sanidad y la educación. En el caso de la educación, el caso más flagrante ha sido el de las guarderías", con una progresiva reducción del dinero destinado por la Generalitat. Así, de los 1.800 € anuales por niño contemplados en el acuerdo suscrito con los ayuntamientos para el sostenimiento de las guarderías, se pasó a una aportación de 1.600 € el curso 2010-2011, que nuevamente disminuyó hasta 1.300 € al año siguiente y que, finalmente, se acabó eliminando durante el periodo 2012-2013. "Estos cero euros demuestran la sensibilidad de la antigua Convergència, el actual PDCat, protagonista de esta decisión de privatización y de falta de corresponsabilidad en el sostenimiento de la red de guarderías municipales", ha denunciado la alcaldesa.
Ante esta situación, Martínez ha reivindicado el modelo social del Ayuntamiento "basado en la igualdad de oportunidades, contrapuesto al modelo que la Generalitat inició de la mano de la antigua Convergència, un modelo absolutamente contrario que se basa en la desigualdad" y que, además de afectar a la educación de 0 a 3 años, también tiene perjuicios sobre la atención a la diversidad funcional o los recursos destinados a las personas mayores. "Todos estos recortes suponen un modelo social que, sobre todo en el caso de familias con más necesidad, hace que sea la mujer cuidadora la que se quede en casa y que no pueda desarrollar su proyecto de vida al margen de una situación de dependencia", ha lamentado la alcaldesa.
Compromiso con la educación de 0 a 3 años
La progresiva reducción de la subvención de la Generalitat desde 2010 obligó al Ayuntamiento a cubrir el coste de las guarderías con presupuesto municipal. Aunque los cálculos aún no son definitivos, se estima que el dinero que debe el Gobierno catalán por los tres cursos afectados por la sentencia del TSJC asciende a más de 1,3 millones de euros.
Martínez ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la educación de 0 a 3 años, en coherencia con la voluntad de aplicar la mirada de la infancia a todo lo que se hace en la ciudad.