El Pleno del Ayuntamiento de Rubí se posiciona en defensa de los derechos de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad energética

El Pleno del Ayuntamiento de Rubí ha aprobado, en el marco de la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, una moción que tiene por objetivo velar por los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad energética. El texto ha recibido el apoyo del equipo de gobierno, integrado por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y En Comú Podem Rubí (ECP) ─quien ha presentado la moción─, que este miércoles han firmado un pacto de gobierno para el mandato 2019-2023─, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Veïns per Rubí (VR) y la Alternativa d’Unitat Popular (AUP), mientras que Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) se ha abstenido.

En agosto, diferentes alcaldes y alcaldesas de Cataluña recibieron una carta de la compañía eléctrica Endesa comunicando a los ayuntamientos que esta empresa realizará las "acciones necesarias para agilizar el cobro" de facturas impagadas de clientes, incluido el corte del suministro eléctrico en el caso de que no se haga efectivo el pago de la deuda. Endesa reclama a los consistorios que asuman el 50% del pago de la deuda acumulada ─el 50% restante lo asumiría la empresa─. De lo contrario, amenaza con iniciar los cortes del suministro a las personas afectadas a partir del 1 de octubre.

En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Rubí ha adoptado el compromiso de exigir a Endesa la retirada de la carta enviada a los ayuntamientos y declarar inválido su contenido, así como pedir la condonación de la deuda acumulada para las personas protegidas por la Ley 24/2015, desde el año 2015. También se ha acordado instar a la Generalitat de Cataluña a dar cumplimiento a la disposición final cuarta de la Ley 24/2015 de 29 de julio, que establece que el Gobierno, en el plazo de un año, debe presentar en el Parlamento un proyecto de ley de refundición y mejora de las disposiciones legales vigentes en materia de derecho a la vivienda y de lucha contra la pobreza energética; y firmar antes de 3 meses los convenios con las compañías suministradoras de luz y gas que operan en Cataluña para eliminar el endeudamiento con las familias vulnerables. Además, se exigirá al Gobierno del Estado que ponga en marcha medidas encaminadas a poner fin a la actual situación de oligopolio del sector energético y a impulsar en los Presupuestos Generales del Estado una línea de financiación para proyectos energéticos de ámbito local que actúen directa o indirectamente sobre los colectivos más vulnerables, entre otros.

Defensa del medio ambiente
La preservación del medio ambiente, y en consecuencia de la salud, han protagonizado varias de las mociones presentadas en la sesión plenaria del mes de septiembre.

En primer lugar, se ha declarado la emergencia climática en Rubí, a raíz de la aprobación, por unanimidad, de la moción presentada conjuntamente por ERC, ECP y la AUP para la declaración de emergencia climática, por una ley residuo cero de prevención de residuos y en apoyo a la 3ª huelga por el clima del 27S. En el texto, los grupos que han planteado la moción explican que vivimos en un planeta donde los recursos naturales son finitos y el cambio climático es un hecho. Así, aseguran que es una responsabilidad individual y colectiva dejar de contribuir al calentamiento global. Como administración pública, el Ayuntamiento de Rubí también tiene capacidad de contribuir en positivo a la lucha contra esta situación. Entre los acuerdos alcanzados figuran incluir la situación de emergencia climática en todas las planificaciones de actuación presentes y futuras (en la redacción del nuevo POUM, en las políticas de desarrollo económico...); establecer un compromiso para reducir los residuos generados por las actividades dependientes de la administración pública local; promover sistemas de recogida eficientes que garanticen un porcentaje de recogida selectiva neta mínimo de un 50% antes de 2023 y del 70% antes de 2027; desarrollar estrategias y propuestas orientadas a mejorar e incrementar los espacios verdes en el municipio; fomentar el ahorro y la eficiencia energética de los edificios municipales; reforzar aún más las medidas en marcha para favorecer el autoconsumo de energía eléctrica en hogares, instalaciones y empresas; y pedir al Gobierno y al Parlamento de Cataluña la elaboración de una Ley Catalana Residuo Cero de Prevención de Residuos, entre otros.

También ha recibido el visto bueno de todos los grupos el texto presentado por ERC para la elaboración de un Plan Director de Arbolado. El objetivo de la moción es conservar el patrimonio arbóreo de Rubí, con el fin de alcanzar los retos que afronta la ciudad vinculados a la mejora de la salud y el confort de la población, que exigen un desarrollo urbano sostenible, equitativo e inclusivo con mejoras en aspectos fundamentales como la calidad ambiental o la lucha contra el cambio climático. Entre los acuerdos tomados hay hacer un inventario completo del patrimonio arbóreo de Rubí para planificar la renovación del mismo; mejorar la formación del personal técnico relacionado con el arbolado y fomentar los mecanismos de colaboración creando redes de conocimiento e intercambio de experiencias con otras ciudades; impulsar proyectos pedagógicos relacionados con el arbolado en los centros educativos y la ciudadanía en general; incrementar la biomasa arbórea de la ciudad plantando más árboles; y revisar y unificar los criterios de poda del arbolado, entre otros.

La moción presentada por VR que propone estudiar la viabilidad de construir una nueva deixalleria de referencia en las urbanizaciones también ha sido aprobada por unanimidad. En el texto, VR constata que Rubí dispone de un centro de recogida municipal en Cova Solera, así como de un servicio de recogida móvil con 75 puntos de parada. Además, también se ofrece un servicio de recogida de muebles y trastos viejos y de restos de poda de árboles y arbustos en el portal de casa a través del Teléfono Verde. Aún así, y teniendo en cuenta que en las urbanizaciones se concentra el 15% de la población rubinense, se plantea la posibilidad de crear una segunda deixalleria, estratégicamente ubicada, en la zona de las urbanizaciones, con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio a los y las habitantes de esta zona de la ciudad. Aparte de estudiar su viabilidad, también se ha acordado modificar el Planeamiento Urbanístico vigente para reservar el suelo necesario para esta nueva instalación, la posibilidad de instalar puntos verdes fijos (esta acción a instancia de ERC) y trasladar este acuerdo a todas las entidades vecinales de las urbanizaciones.

También ha prosperado la moción del Seminario Movilidad e Infancia presentada por la AUP para la conversión de los entornos escolares en áreas de protección de la salud de la infancia. Sólo Cs se ha abstenido en este punto. Hasta hace pocas décadas, en España, la mayoría de niñas y niños tenían la posibilidad de desplazarse caminando a su centro educativo y de usar las calles para el juego, sin acompañamiento de personas adultas. En la actualidad, esta autonomía de movimientos se ha visto limitada por un modelo urbano que prioriza la movilidad en vehículo privado, lo que ha generado una serie de efectos sobre la vida de niños y niñas. Aparte de las consecuencias sobre la seguridad, también se producen diferentes impactos sobre la calidad del aire y del espacio público que condicionan el desarrollo y la salud de la infancia. Entre los acuerdos que se han adoptado destaca tener presentes las medidas específicas de limitaciones y pacificación del tráfico en los entornos escolares incluidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS); promover el cambio progresivo hacia el modelo de "Ciudad 30" para reducir la velocidad del tráfico en toda la red urbana; sustituir tantas zonas de aparcamiento como sea posible, dentro de los recintos educativos, por áreas de estancia y juego; reservar en los espacios educativos o en áreas cercanas espacios seguros para el aparcamiento de bicicletas y patines para incentivar el transporte no motorizado; y limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno de los centros educativos.

Otras mociones
El texto planteado por ECP de rechazo de la ley de contratos de servicios a las personas de la llamada ley aragonés ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y de la AUP, las abstenciones de Cs y VR y los votos contrarios de ERC. El texto plantea rechazar el Anteproyecto de Ley de contratos de atención a las personas que se está tramitando en el Parlamento de Cataluña y exigir su retirada; y abrir un debate con agentes y movimientos sociales, así como con los grupos parlamentarios, que permita llegar a una ley que garantice la gestión directa de los servicios públicos con garantías sociales.

En cambio, Cs ha visto rechazada la moción con la que pedía la eliminación de la zona azul, su reconversión en "zona de rotación" gratuita y la eliminación de las zonas de aparcamiento reservadas para cargos electos. El texto sólo ha recibido el apoyo de Cs y VR, mientras que ERC se ha abstenido y el equipo de gobierno y la AUP han votado en contra.

Por último, no ha conseguido superar la urgencia la moción planteada por ERC contra la represión, en alusión a las detenciones del pasado 23 de septiembre. ERC, ECP y la AUP han votado a favor de debatir este punto, pero PSC y Cs han votado en contra y VR se ha abstenido.

Trámites
En el apartado de trámites, se ha dado cuenta de la nueva composición de la Junta de Gobierno Local, fruto del pacto de gobierno al que han llegado PSC y ECP este miércoles, así como el nombramiento de los tenientes de Alcaldía y el régimen de asistencias y retribuciones, entre otros.

También se ha tomado conocimiento de varios decretos de la Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas y se ha dado cuenta del nombramiento de la nueva asesora del grupo municipal de ERC. Además, se han aprobado diversas modificaciones de crédito, entre otros.

Paralelamente, se ha dado luz verde a la prórroga por seis meses más de la suspensión acordada por el Pleno ─en la sesión del 19 de octubre de 2017─ relativa al cambio de forma de gestión del servicio público de promoción y gestión de las políticas de vivienda. El equipo de gobierno ha votado a favor de este punto, mientras que el resto de formaciones se han abstenido.

Como se hace al inicio de cada sesión plenaria, este jueves se ha hecho un minuto de silencio en recuerdo de las últimas mujeres víctimas de violencia machista: Alba, de 39 años (Valga, Pontevedra); Adaliz, de 31 años (Ciudad Lineal, Madrid); e Ika, de 59 años (Ses Salines, Mallorca).