El Ayuntamiento trabaja con las entidades financieras propietarias de pisos vacíos para que éstos se destinen a alquiler social

La Mesa por el derecho a la vivienda de Rubí se ha reunido este jueves para abordar las últimas novedades relacionadas con esta temática en la ciudad. Además de presentar una propuesta de reglamento de funcionamiento de este órgano, el Ayuntamiento también ha dado a conocer a los miembros de la Mesa cuál ha sido la respuesta de las entidades financieras a la carta que les envió la alcaldesa a medios de febrero pidiéndoles que movilizaran los pisos vacíos de los que son titulares.

En la carta, Ana María Martínez manifestaba la preocupación del equipo de gobierno por el hecho de que en la ciudad haya unos 330 pisos desocupados, según datos municipales, teniendo en cuenta la situación de emergencia social existente. Asimismo, la primera edil abría una vía de diálogo con estas entidades para intentar encontrar una solución para el mayor número de familias de la ciudad que se han visto obligadas a ocupar pisos vacíos propiedad de entidades bancarias como solución desesperada, después de haber perdido su vivienda como resultado de los efectos de la actual crisis económica.

De la veintena de entidades a las que se les dirigió esta comunicación, una decena, precisamente las que gestionan un volumen más grande de viviendas, ya han respondido. Todas ellas han manifestado que comparten la preocupación del consistorio y que hace tiempo que están trabajando para encontrar soluciones. Así, han explicado que han llegado a acuerdos con el Gobierno central y con el de la Generalitat de Catalunya para poner a disposición del Fondo social de vivienda un número determinado de pisos, algunos de los cuales podrían estar ubicados en Rubí. En este sentido, el Ayuntamiento pedirá formalmente al Gobierno de la Generalitat que confirme cuántos de estos pisos están situados en la ciudad y que comunique de qué manera los pondrán a disposición de la ciudadanía.

Respuesta de las entidades financieras
En cuanto a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), esta gestora de activos ha trasladado al consistorio que ya está colaborando con las administraciones, a las que ha cedido varios pisos vacíos para que se destinen a alquiler social. El resto de su parque de vivienda lo están comercializando varias gestoras.

El BBVA ha explicado que recientemente ha creado el departamento de Política social de vivienda, lo que, según la entidad, pone de manifiesto su compromiso para encontrar soluciones a la situación de emergencia social existente. En situaciones de impago, el banco propone soluciones, tales como evitar el lanzamiento, sólo en aquellos casos en que los ocupantes de la vivienda sean clientes del mismo BBVA. En cuanto al resto de casos, pueden aplazar la ejecución judicial sólo si hay una notificación del Ayuntamiento. La entidad ha comunicado al consistorio que se está replanteando esta situación teniendo en cuenta la demanda social y de las administraciones.

Por su parte, CAIXABANK ha asegurado que siempre ha sido proclive a encontrar soluciones y a no echar a nadie de su casa. La entidad comparte periódicamente un espacio de trabajo con el Ayuntamiento para abordar situaciones de ocupaciones ilegales, morosidades, etc. El responsable del Servicio de Vivienda del Consistorio, Enric Garcia, ha explicado a los miembros de la Mesa que el Ayuntamiento está a punto de cerrar un acuerdo con CAIXABANK para que la entidad le ceda una vivienda para destinarla a alquiler social, en casos de emergencia, y que, paralelamente, también se está planteando la posibilidad de que la entidad bancaria ponga a disposición del Ayuntamiento un número aún indeterminado de pisos para destinarlos a alquiler social, con un contrato de usufructo por 8 años.

Por último, ANTICIPA (Catalunya Caixa) ha propuesto al consistorio que éste les facilite un listado de pisos que sea necesario adecuar. La entidad ejecutaría las reparaciones de estos pisos, que se pondrían en alquiler social a través del Ayuntamiento, con preferencia para los clientes de ANTICIPA. El consistorio, por su parte, hará llegar una contrapropuesta a la entidad, muy similar a la que llevan a cabo con CAIXABANK.

Parque de vivienda pública
En febrero, la alcaldesa también remitió una carta al director gerente del Institut Metropolità de Promoció del Sòl (IMPSÒL) instando a este organismo a adjudicar los 22 pisos de protección oficial que tiene desocupados actualmente en Rubí. Este jueves se ha explicado a los miembros de la Mesa por el derecho a la vivienda que el IMPSÒL propone comercializar estas viviendas por la vía del alquiler con opción de compra, incorporando una nueva categoría: el riesgo de exclusión social.

Por otra parte, el Institut Català del Sòl (INCASÒL) ─que impulsó la promoción de Can Sant Joan─ prevé construir una nueva promoción de 35 pisos próximamente, cuya ubicación aún no se ha determinado. En estos momentos, el organismo está haciendo un estudio de viabilidad para ver cuál es el lugar más idóneo para levantar estas viviendas, atendiendo a varios criterios, como la demanda social, la disponibilidad de solares, las buenas comunicaciones de los mismos y si existen servicios alrededor. La zona de Can Sant Joan, detrás del 25 de Setembre, cumple todos estos requisitos, según ha informado el consistorio.

Reformulación de la Mesa
En la última reunión de la Mesa por el derecho a la vivienda, cuando todavía se llamaba Mesa especial de desahucios, se decidió reorientar este órgano con el objetivo de abordar la problemática del derecho a la vivienda de una forma integral. En aquella reunión, celebrada en diciembre, el consistorio se comprometió a presentar una propuesta de reglamento de funcionamiento en el siguiente encuentro, texto que se ha dado a conocer este jueves.

Durante la reunión, la concejala del Área de Servicios a las Personas, Marta García, también ha explicado a los miembros de la Mesa que Rubí ya dispone de un tribunal de referencia, concretamente el del juzgado nº 8. "Hay una interlocución directa con él, que nos podrá facilitar la gestión de varios temas. Es una buena noticia, porque nos han recibido con cordialidad y con ganas de colaborar. Desde Servicios Sociales ya existe una relación fluida, pero hasta ahora no teníamos una figura de referencia, como es un tribunal", ha comentado García.

La concejala también ha trasladado a los miembros de la Mesa que la intención del consistorio es acercar el Servicio de Vivienda a la ciudadanía: "Se trata de que los rubinenses conozcan qué servicios ofrece el Ayuntamiento en materia de vivienda para evitar, como ha ocurrido en más de una ocasión, que los usuarios acudan al servicio cuando ya es demasiado tarde".