El Ayuntamiento prepara la aplicación del Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

El Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Rubí ha puesto en marcha dos comisiones de trabajo con el objetivo de garantizar el éxito en la aplicación del Decreto Ley 17/2019 de la Generalitat de Catalunya de medidas urgentes para mejorar la acceso a la vivienda. "El nuevo texto es de gran importancia porque modifica las diferentes leyes y normativas relativas a la vivienda, y recoge buena parte de las demandas de los colectivos que trabajan este tema", ha destacado la concejala de Vivienda, Ànnia García Moreno.

El decreto tiene implicaciones en varias áreas de gestión municipal, afectando por ejemplo la mediación con grandes tenedores, los procesos de lanzamiento, la calificación de los usos del suelo o las posibilidades de expropiación. Para García, "se trata de una cuestión compleja, que debemos abordar con solvencia técnica y compartiendo el conocimiento desde el primer momento".

Por este motivo, se ha decidido crear dos comisiones: una enfocada a las cuestiones legales, que se encargará de estudiar las implicaciones del decreto en cuanto al acompañamiento de la ciudadanía en casos de lanzamiento y de mediación con grandes tenedores; y otra centrada en el ámbito urbanístico, que trabajará en los efectos del nuevo texto sobre el planeamiento de la ciudad. Estos grupos también tendrán como función definir y concretar los protocolos de actuación en aquellos ámbitos en los que el decreto modifica la normativa anterior.

Las comisiones de trabajo están integradas por personal del Servicio de Vivienda y la sociedad municipal Proursa, así como de las áreas de Derechos Sociales, Planificación Urbana y Secretaría. Las reuniones se iniciaron a finales de enero y se repetirán de forma periódica a medida que surjan dudas, dificultades u oportunidades en la aplicación del decreto.

Una herramienta estratégica
El Gobierno catalán aprobó el Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda el pasado mes de enero, con la objetivo que se convierta en una herramienta estratégica para regular el mercado de la vivienda y hacerlo más accesible. El texto responde a un triple objetivo: combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de los alquileres en viviendas privadas.

Entre otras medidas específicas, el decreto obliga a los grandes tenedores ofrecer un alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad antes de interponer una demanda social; establece que la vivienda protegida tendrá una calificación permanente, asociada al régimen urbanístico del suelo sobre el que esté construido; y permite que los propietarios que alquilen pisos por debajo del Índice de Referencia de Precios de Alquiler puedan acceder a ayudas públicas de fomento del alquiler.