El Ayuntamiento de Rubí destinará 1,5 millones de euros a políticas de vivienda este 2018
La concejala del Área de Servicios a las Personas ha dado a conocer las líneas de actuación del servicio en el marco de la Mesa por el derecho a la vivienda
Este 2018, el Ayuntamiento de Rubí ha asignado 1,5 millones de euros a políticas de vivienda. La mayor parte de este presupuesto se destinará a tres líneas de actuación prioritarias, con las que se pretende conseguir un total de 25 viviendas para destinarlas a alquiler social y emergencias.
Así lo ha explicado este miércoles la concejala del Área de Servicios a las Personas, Marta García, en el marco de la última reunión de la Mesa por el derecho a la vivienda. "La gestión en materia la vivienda es muy compleja pero el Ayuntamiento, a través de diferentes vías, se ha preocupado de no dejar a nadie sin techo", ha asegurado García. "Hasta ahora hemos llevado a cabo una atención muy asistencial, teniendo bastante éxito: hemos encontrado soluciones para que nadie esté en la calle". La concejala ha añadido que "ahora damos un paso más, priorizando el trabajo proactivo ante el trabajo asistencial, con la voluntad de ampliar el parque de alquiler social de la ciudad".
Objetivo: 25 viviendas de alquiler social
Por un lado, el Ayuntamiento está negociando un convenio con CAIXABANK para que la entidad financiera ceda 10 viviendas para que se destinen a alquiler social. Estas viviendas son propiedad de BuildingCenter, entidad que pertenece al grupo CAIXABANK.
Por otra parte, el consistorio se plantea adquirir 5 viviendas más ejerciendo el derecho a tanteo y retracto, en virtud del Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Así, desde el año 2015, la Generalitat ─o, en su defecto, las administraciones o entidades del tercer sector al que se ceda este derecho─, pueden adquirir aquellas viviendas que las entidades financieras hayan obtenido a través de ejecuciones hipotecarias y que se dispongan a venderlas.
El Ayuntamiento sólo ejercerá este derecho sobre las viviendas que cumplan los siguientes requisitos: que la opción de compra provenga de una persona jurídica, en ningún caso si proviene de un particular; que la vivienda tenga una superficie útil mínima de 70 m2; que no esté ocupada; y que no requiera rehabilitación. Parte de las viviendas que se adquieran mediante el derecho de tanteo y retracto se prevé destinarlas a resolver situaciones puntuales de emergencia.
Por último, y con la voluntad de aumentar el parque de viviendas sociales de Rubí, el consistorio también se plantea obtener la cesión de 10 viviendas de propietarios privados para ser arrendads en régimen de alquiler social. Con el objetivo de estimular la cesión de pisos, se ofrecen diversos incentivos a los propietarios. Así, el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal PROURSA, pagará mensualmente la renta de alquiler acordada en el contrato de cesión; en caso de que las viviendas requieran obras para garantizar la habitabilidad, PROURSA las asumirá hasta un máximo de 12.000 euros por vivienda, que se irán descontando de la renta mensual; y PROURSA también garantizará que las viviendas cedidas se devuelvan en condiciones de habitabilidad una vez finalice el contrato.
Como contraprestación, las cesiones se harán por un periodo de entre 3 y 5 años; y en función del estado del piso, la renta mensual que pagará PROURSA a los propietarios será entre un 15 y un 20% inferior al precio de mercado.
Las partidas del presupuesto vinculadas al servicio de Vivienda no son las únicas que revierten en esta materia. Durante el año 2017, los Servicios Sociales destinaron un total de 177.411 euros a ayudas a familias relacionados con la vivienda: ayudas al alquiler, realojos temporales, gastos de suministros, reparaciones de urgencia, fianzas, etc. A este importe hay que añadir la cantidad de 126.108 euros que los Servicios Sociales han aportado en concepto de ayudas al alquiler de los pisos municipales.